Por
Rafael Guillén
Los vecinos de la urbanización San Luis hemos sido víctimas de tres ecocidios, perpetrados; uno por el inquilino de Miraflores, otro por la gobernación de Miranda y, el más cercano a nosotros, permitido por las autoridades de Baruta.
Como venezolanos, los sanluisenses hemos visto por las redes sociales las grotescas imágenes que emanan del llamado arco minero. Canaima poco a poco muere ante la explotación sin control por personas sin escrúpulos, muchos de ellos extranjeros aliados de Maduro, cuyo legado será un paisaje de cráteres y tierra erosionada que evocará la superficie lunar.
En nuestra misma parroquia del Cafetal, al gobernador Héctor Rodríguez poco parece importarle el ambiente. Los vecinos recuerdan el violento operativo de la gobernación que, en 2019, sin consenso o explicación, deforestó frondosos árboles a todo lo ancho y largo del Boulevard Raúl Leoni. ¿Nos estaban protegiendo? ¿De qué? Nunca nos enteramos. Lo único que supimos fue que un pequeño ejército de carajitos vestidos con las camisitas de “Juntos todo es Posible”, cortaron ramas y tumbaron árboles sin aparente conocimiento de cómo hacerlo y exponiendo la vida y propiedades de los transeúntes.
¿Y la alcaldía? ¡Bien, gracias! Aquellos que nos convencieron con la idea de votar para “mantener” espacios y defender nuestros intereses, hicieron una tímida defensa, vía prensa, de nuestro medio ambiente y solo después de consumado el ecocidio. ¿Podríamos excusarlos? Después de todo, se entiende que enfrentar al poder de la Gobernación de Miranda y a Miraflores, poniendo en riesgo
intereses propios y de partido, es difícil. A pesar del costo, todo ha servido para que en San Luis ya estemos claros de la actitud del «alcalde» Uzcátegui y su empleado Darwin González con respecto al medio ambiente.
En estos momentos, es notoria la forma como desde la alcaldía, el concejo municipal de Baruta y con la complacencia de la Junta Directiva de ASOSANLUIS (Abril2011-Diciembre2019) se ha permitido un nuevo delito ambiental perpetrado por un grupo de ciclistas en el Parque La Fila. “Estos ciclistas han procedido arbitrariamente a la deforestación indiscriminada de la vegetación, a la apertura de trochas para realizar sus actividades, a la contratación de obras de construcción de senderos y rampas, en completa violación de la ordenanza de áreas verdes (#330-08/2018) que prohíbe expresamente la circulación de cualquier tipo de vehículo por el Parque.” Así consta en carta dirigida a la Fiscalía de la República por sugerencia de la propia alcaldía.
Lo único concreto hecho por los Sres. Uzcátegui y Gonzales hasta ahora ha sido emitir un tuit alardeando sobre la recuperación del parque fruto de un “operativo” que se limitó a barrer, pintar y limpiar una pequeña área de una caminería que queda en la periferia de éste. Nunca atacando el problema de raíz el cual no es otra cosa que un ecocidio perpetrado por estos ciclistas, que aún bajo la cuarentena, continúan violando las ordenanzas en franco desacato a Baruta, sus instituciones y funcionarios.
Tres ecocidios que nos afectan como venezolanos, baruteños y sanluisenses. Esperamos todavía que la alcaldía y el concejo municipal cumplan con su responsabilidad de respetar y hacer respetar las leyes. Así podremos decir que, por lo menos en San Luis, intentamos detener en alguna medida los ecocidios que, a nivel nacional, de municipio y de urbanización están destruyendo nuestro futuro.
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